El sistema ferroviario mexicano, columna vertebral del transporte de carga industrial, agrícola y automotriz del país, podría enfrentar un cambio relevante en su estructura de costos a partir de 2027. Como parte del Paquete Económico 2027 presentado por el Gobierno federal ante el Congreso, se incluyó una modificación a la Ley Federal de Derechos que busca incrementar el porcentaje que pagan ciertas concesionarias ferroviarias por el uso de vías generales de comunicación.
Es importante subrayar que se trata, por ahora, de una propuesta legislativa dentro del proceso presupuestal, no de una cuota ya aprobada. El texto deberá pasar por la discusión y votación del Congreso antes de convertirse en norma vigente, por lo que su redacción final (y sus alcances exactos) podrían ajustarse en el camino.
¿Qué cambiaría para los trenes de carga en México?
Desde hace años, el esquema regulatorio mexicano contempla dos etapas para el cobro de este derecho a las concesionarias ferroviarias. Durante los primeros 15 años de operación de una concesión, la contraprestación equivale a 0.5% de los ingresos brutos de la empresa. Superado ese periodo, la tasa se eleva a 1.25%, un esquema que documentos corporativos y análisis del sector han confirmado a lo largo del tiempo.
La propuesta contenida en el Paquete Económico 2027 se enfoca precisamente en esa segunda etapa. El planteamiento consiste en llevar la tasa aplicable después de los 15 años de operación de 1.25% hasta 3% de los ingresos brutos. Al traducir ese cambio en términos porcentuales, el ajuste representa un incremento de 140% respecto al nivel actual, ya que el salto de 1.75 puntos porcentuales equivale a 1.4 veces la tasa vigente.
Vale la pena aclarar un punto que suele generar confusión: esto no implica que las empresas pagarán un impuesto del 140% sobre sus ingresos. Lo que aumentaría en esa proporción es el porcentaje utilizado como base de cálculo del derecho, no una tasa impositiva directa sobre la totalidad de sus ganancias. Es una diferencia técnica relevante para entender el verdadero alcance de la medida.
El sistema ferroviario de carga en México opera bajo un esquema de concesiones de largo plazo, en el que empresas privadas administran el uso de las vías y prestan el servicio de transporte a distintos sectores productivos. Cualquier ajuste en los derechos que pagan estas concesionarias por el uso de la infraestructura tiene, en teoría, el potencial de reflejarse en su estructura de costos operativos, aunque el grado en que esto ocurra dependerá de decisiones comerciales propias de cada empresa.
Tren de carga: entre la recaudación y la operación logística
El planteamiento del Ejecutivo se inserta en un contexto más amplio de ajustes fiscales contemplados para 2027, en el que el Gobierno ha señalado que se descartan medidas como un incremento generalizado a la gasolina, pero sí se contemplan modificaciones puntuales a distintos derechos y contribuciones sectoriales, entre ellos el que aplica al uso de vías férreas.
Especialistas consultados por medios especializados, como Carlos Barreda, señalaron que entre las concesionarias que podrían verse alcanzadas por este cambio se encuentran Ferromex y Canadian Pacific Kansas City (CPKC), debido a que sus concesiones ya rebasan el periodo de 15 años contemplado en la ley. Ambas empresas figuran dentro del directorio de concesionarios que opera bajo el marco de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, entidad que da seguimiento al Sistema Ferroviario Mexicano.
Para dimensionar el posible impacto económico, resulta útil revisar cifras públicas recientes. Ferromex reportó en 2025 ingresos por servicios de 48 mil 38.2 millones de pesos, un 6.5% más que el año anterior, con una utilidad neta de 7 mil 254.4 millones de pesos en el mismo periodo. En cuanto al derecho de concesión que ya paga bajo el esquema actual, la empresa registró un desembolso de 626.4 millones de pesos durante 2025, frente a 576.6 millones en 2024. Estas cifras permiten tener una referencia del monto que actualmente se paga bajo la tasa vigente, aunque el efecto exacto de la nueva tasa propuesta dependerá de cómo evolucionen los ingresos de la empresa en los próximos años y de la versión final que apruebe el Congreso.
Especialistas del sector han señalado que un incremento en este tipo de derechos podría, en teoría, trasladarse parcialmente a las tarifas que las ferroviarias cobran a sus clientes por el transporte de mercancías, y de ahí eventualmente a algunos productos finales. Sin embargo, hasta el momento no existe una estimación oficial ni un consenso sobre la magnitud de ese posible efecto, ya que dependerá de múltiples factores: la competencia en cada ruta, los contratos vigentes con clientes industriales y las decisiones internas de cada concesionaria sobre cómo absorber o distribuir el costo adicional.
Un proceso legislativo en marcha
Por el momento, el dato firme es el cambio planteado en el texto de la reforma: una modificación en el porcentaje aplicable al derecho por uso de vía para concesionarias con más de 15 años de operación. Lo que todavía está por definirse es si el Congreso aprobará la propuesta tal como fue presentada, si sufrirá ajustes durante su discusión, o si finalmente se manejarán esquemas diferenciados según el tipo de concesión o el sector al que sirve cada empresa ferroviaria.
El sector del transporte ferroviario de carga en México seguirá de cerca el debate legislativo en las próximas semanas, dado que cualquier definición final tendrá implicaciones directas sobre su operación. Mientras tanto, tanto autoridades como especialistas coinciden en que es prematuro anticipar un impacto automático en los precios al consumidor, ya que ese efecto (de materializarse) dependerá de decisiones comerciales que aún no han sido anunciadas por las empresas involucradas.
Por lo pronto, el Paquete Económico 2027 continúa su proceso de análisis y discusión en el Congreso, donde legisladores de distintas bancadas revisarán este y otros cambios fiscales antes de la aprobación final del paquete, esperada en las próximas semanas conforme al calendario legislativo ordinario.
